Alicia García pregunta al Gobierno sobre su postura acerca de la liberación de los peajes de la AP-51 y la AP-6

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Publicado el 2 de septiembre de 2019


La diputada del PP, Alicia García, vuelve a cuestionar al Gobierno sobre las comunicaciones por carretera de la provincia de Ávila, en este caso acerca de la concesión de los peajes de las autopistas AP-51 y AP-6.

Ante la proximidad del mes de noviembre, cuando, en virtud del Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo, aprobado por el Ministerio de Fomento tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que establece que en noviembre de 2019, y en función del tráfico del túnel y las autopistas de 1999, el Gobierno decidirá la duración exacta de la concesión, de entre 25 y 30 años, tras la reducción de siete años acordada por el Ministerio de Fomento y recogida en el Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo.

García considera que «el tiempo apremia y el Gobierno tiene que explicar a los abulenses si tiene previsto liberar la concesión de estas autopistas antes de que concluya, o bien si ya está en condiciones de dar a conocer la fecha de cuándo concluye dicha concesión».

Por este motivo, la diputada traslada al Ejecutivo las siguientes preguntas:

  • ¿Ha estudiado el Gobierno la manera de eliminar los peajes de las autopistas AP-6 (Villalba-Adanero) y su conexión a Ávila (AP-51) para buscar fórmulas compensatorias viables técnica y económicamente?
  • ¿Tiene previsto el Gobierno que, una vez que hayan finalizado las concesiones de las autopistas anteriormente indicadas, en cualquier supuesto, y si fuera viable económicamente, no se prorroguen las mismas?
  • ¿Tiene previsto liberar la concesión de estas autopistas antes de que concluya la concesión? En este caso, ¿a cuánto asciende el rescate de la concesión en cada una de las autopistas reseñadas?
  • En el caso de no liberar la concesión de estas autopistas, ¿estas se prorrogarán hasta los 25 o hasta 30 años?
  • Hasta que se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje, ¿tiene previsto el Gobierno aplicar las fórmulas compensatorias viables, técnica y económicamente, para eliminar el agravio que sufren los ciudadanos de Ávila por el pago de peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid?
  • ¿Tiene previsto el Gobierno que, una vez, se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se volverán a prorrogar y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los vehículos que circulen por ellas lo harán libres de peajes?

Para la parlamentaria, otro aspecto que los abulenses «deben conocer, además de la fecha de conclusión de la concesión, es si el Gobierno, una vez concluya la concesión prevé adoptar medidas tales como la bonificación de los peajes». García señala que este es «el momento oportuno, hay que tomar decisiones antes del mes de noviembre y, por tanto, afrontar con valentía y determinación este problema entre todos, ya que la solución que se tome será decisiva para el desarrollo económico de Ávila, para la captación de nuevas empresas y para las pymes y autónomos que ya están establecidos en nuestra capital y provincia». 

Alicia García recuerda también las informaciones periodísticas en las que, en febrero de 2018, con el PSOE en la oposición, el secretario de Infraestructuras y Transporte del PSOE, Pedro Casares, reivindicaba la supresión de los peajes asegurando que» el PSOE defiende que no se vuelvan a prorrogar ni se planteen nuevas concesiones a las actuales autopistas» y calificaba de «reivindicación histórica de Ávila y Segovia» su eliminación.

La diputada popular por la provincia de Ávila solicita al Gobierno una «respuesta lo más rápida posible», aunque recuerda que «el ministro Ábalos ha propuesto todo lo contario, cobrar un peaje en las autovías que hoy por hoy son de libre circulación, casos de la A-50 Ávila-Salamanca y la A-6 a su paso por Adanero». 

«El PP está al lado de los abulenses, trasladando al Congreso una exigencia del tejido económico, asociativo e institucional de Ávila que se tiene que resolver de manera inmediata, antes de noviembre. La solución la tiene que dar el Gobierno por ser la administración competente», concluye la diputada.