Alicia García cuestiona al Gobierno por el nuevo impuesto por uso de las autovías y cómo afectará a la A-50 y la A-6

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Publicado el 16 de agosto de 2019


La diputada Alicia García se ha sumado, centrando su interés en las carreteras de la provincia de Ávila, a la batería de preguntas presentada por el Grupo Parlamentario Popular acerca de las vías que se verían afectadas por la medida del Gobierno de implantar nuevos peajes en las carreteras que ahora son de uso libre.

García pone el foco en el impacto que tendría implantar un nuevo impuesto por uso de las autovías que hasta ahora están libre de gravámenes: la A-50, que une Ávila y Salamanca, y la A6 (Madrid-A Coruña) a su paso por Adanero.

Así, la parlamentaria pregunta al Ejecutivo si es cierto que está valorando la posibilidad de implantar un impuesto por el uso de autovías y, en ese caso, que explique cuáles se verían afectadas en Ávila. Del mismo modo, solicita al Gobierno que especifique qué usuarios estarían obligados al pago y el importe de éste, así como cuántas personas se verían afectadas en la provincia. «Queremos conocer cuánto van a pagar los abulenses. Los ciudadanos ya están hastiados de ver cómo hay una carrera entre ministros de Sánchez para incrementar su presión fiscal», reclama Alicia García.

Para la diputada nacional, esta medida, de aplicarse, sería un nuevo mazazo para el bolsillo de los abulenses, los verdaderos perjudicados por ella, que «se verían obligados nuevamente a soportar, a su pesar, la incompetencia del Gobierno socialista» , subraya a la vez que considera «muy negativo que el PSOE anuncie así una medida es contraria a la lucha contra la despoblación de la provincia, contraria a la reindustrialización, contraria al apoyo a los autónomos, contraria a la creación de empleo y a la conexión de Ávila con el resto del territorio nacional». 

Por último, haciendo un análisis de las decisiones y las intenciones del Gobierno, Alicia García califica la política fiscal de Sánchez de «errática, sin fundamento alguno y muy nociva para los españoles, y por tanto para los abulenses. Nadie pone orden y quien paga al final es cada ciudadano», y apunta que «es posible que el establecimiento de nuevos impuestos no sea sino la antesala de los desequilibrios presupuestarios provocados por este Gobierno, a consecuencia tanto de la desaceleración que no quieren ver, cómo de las promesas irrealizables que proponen».