Representantes del Partido Popular de Ávila han mantenido un encuentro con juristas abulenses para analizar la compleja situación jurídica en la que va a quedar el país cuando finalice el estado de alarma y ante la anunciada voluntad del Gobierno de no prorrogarlo. En la reunión ha estado presente el portavoz de la Comisión de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa Torner, además de la coordinadora general del PP de Ávila, Patricia Rodríguez; el vicesecretario de Políticas Sectoriales, Óscar Arroyo; y el secretario ejecutivo de Justicia, José Ignacio Dávila.

En el coloquio se ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central cumpla con la obligación constitucional que, como autoridad competente, tiene de liderar la reglamentación al respecto con leyes ordinarias –algo que no ha hecho desde que comenzó la pandemia– para que las comunidades autónomas tengan un paraguas legal en el posterior desarrollo normativo que les permita la gestión de la situación en los próximos meses.

El “fraude democrático” –en las propias palabras de alguno de los asistentes– que supone no afrontar esta reglamentación propiciaría una suerte de vacatio legis permanente que, lejos de prever incluso a medio plazo un marco legal que permita a los tribunales ordinarios desempeñar su labor en el necesario acompañamiento legal a las normas que sea necesario dictar desde las comunidades autónomas en lo tocante a cierres perimetrales o restricciones horarias de movilidad, genera un vacío que abre la puerta, tal y como han manifestado tanto De la Rosa como los abogados y procuradores asistentes, “a todo tipo de arbitrariedades jurídicas de consecuencias imprevisibles”.

Los cargos del Partido Popular han transmitido a los juristas su “firme empeño en plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto, mediante los mecanismos y herramientas constitucionales de los que disponen, para evitar esta situación a partir del día 9 de mayo. El propio Pablo Casado ha presentado, de hecho, a lo largo de todos estos meses, numerosas propuestas en el marco de un plan jurídico de alcance y perfecto encaje en el contexto actual, sin que haya sido tenido en consideración por el Gobierno”.