Alicia García, diputada abulense y portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, ha intervenido en el Pleno de hoy en la Cámara Baja para debatir sobre una Proposición de Ley sobre familia. García ha subrayado la posición de los populares acerca de estas políticas, que «deben buscar el equilibrio de la vida profesional y personal promoviendo la participación de las mujeres en el mercado laboral, el reparto igualitario de las responsabilidades en el cuidado de familiares y la eliminación de las desigualdades en materia de ingresos y salarios».

En este sentido, Alicia García ha recordado que «con el PP en el Gobierno, 8,5 millones de mujeres tenían un empleo y se redujo la brecha salarial en cinco puntos; mientras que el Gobierno actual ha propiciado que 437.000 mujeres se hayan ido a la lista del paro». Asimismo, la parlamentaria abulense ha destacado que «el Partido Popular reguló por primera vez el teletrabajo y amplió la reducción de la jornada, el permiso de lactancia y el permiso de paternidad». Ahora, ha apuntado García, se trata de «estudiar fórmulas de trabajo flexible, permisos de paternidad, el permiso parental y permisos para cuidadores, como establece la Directiva europea».

Además, la diputada abulense ha puesto de manifiesto que el PP redujo en 4,5 puntos la brecha salarial, un 14% la brecha de género y consiguió que hubiera más mujeres trabajando en nuestro país» y que «fue un Gobierno del PP en Castilla y León el primero que aprobó en España una ley de medidas de conciliación y eliminación de brecha salarial con el consenso del diálogo social».

En su intervención, Alicia García ha calificado de «obsoleta» la actual normativa sobre familias, puesto que «no tiene en cuenta la última Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, ni el contexto social derivado de la COVID-19, ni la corresponsabilidad como principal factor de la brecha laboral y salarial, ni medidas para conciliar en nuestros pueblos para afrontar el reto demográfico, ni concreción a la hora de fomentar la natalidad, ni el envejecimiento y, por tanto, la necesidad de conciliar de los cuidadores no profesionales».

Para terminar, García ha lamentado que España esté «ante el Gobierno más antisocial, antifeminista y contrario a la familia en su historia democrática. Un Gobierno en el que el vicepresidente recorta la partida de protección familiar en 183 millones, en el que el ministro de Inclusión suprime la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% y recorta el complemento de maternidad a las pensiones, una ministra de Transición Ecológica que excluye a las familias numerosas del Bono Social, y una ministra de Trabajo que discrimina a las familias numerosas en la limitación de otras ayudas como en la prestación por desempleo o en los ERTE».