El Grupo Popular en la Diputación de Ávila ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno de la institución provincial en la que se insta al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, como titular de la Línea del Valle del Tormes (VAC-247) a adoptar las medidas necesarias para garantizar un servicio de transporte por carretera de calidad y frecuencia adecuada a los ciudadadanos.

En la misma moción se solicita a la empresa concesionaria, Monbús S.A. a restablecer todos los servicios preexistentes al inicio de su actividad en dicha concesión.

Y por último se solicita convocar, con la mayor brevedad posible, una Mesa del Transporte de la Comarca Barco-Piedrahíta, que siendo coordinada por la Diputación, sirva como foro de diálogo entre las distintas administraciones, los ayuntamientos y las empresas concesionarias.

Para los populares el transporte público debe ser considerado un servicio universal, básico y esencial que además, por su trascendencia, sirva para acceder en condiciones de igualdad a otros servicios básicos como la educación o la sanidad.

Además, el servicio de transporte posee una influencia determinante contra la despoblación ya que una comarca mal comunicada, se ve abocada a la pérdida de atractivo para la residencia habitual.

Cabe recordar que las rutas que han visto mermado el servicio de transporte son las siguientes:

Ruta 1: Aldeanueva del Camino – Madrid

Ruta 2: Linares de Riofrío – Madrid

Ruta 3: Linares de Riofrío – Piedrahíta

Ruta 4: El Barco de Ávila – Ávila

Ruta 5: Piedrahíta – Madrid (Directo)

Ruta 6: El Barco de Ávila – Piedrahíta

Por todo ello, el Grupo Popular en la Diputación entiende que el transporte rural debe estar garantizado por todas las administraciones competentes en la mencionada materia, teniendo siempre en cuenta las singularidades de nuestra provincia, donde existe una necesaria complementariedad entre los urbano y lo rural, debiendo acudir sus habitantes de manera ordinaria a las ciudades a realizar todo tipo de gestiones y servicios públicos.

Un principio que, presente en el Proyecto de Ley de Transporte Público de viajeros por carretera de Castilla y león, aprobrado recientemente por la Junta y que será debatido parlamentariamente en los próximos meses, ha sido olvidado en este caso por el Ministerio de Fomento, dependiente del Gobierno de España.