El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Ávila defenderá en el Pleno ordinario del próximo lunes una moción con que la Institución provincial instará al Gobierno de España a establecer una financiación local suficiente, equitativa y respetuosa con la autonomía municipal. “Es una cuestión clave para el futuro de las entidades locales, pero también va a ser una oportunidad de comprobar si el Grupo Socialista es municipalista antes que sanchista, o viceversa”, precisa el portavoz popular, J. Carlos Sánchez Mesón.

Para el diputado provincial del PP, “no se puede estar reclamando infraestructuras sanitarias para el medio rural de Ávila, cuya competencia es de la Junta de Castilla y León, pero a la vez guardando un silencio sepulcral ante el atropello que supone el modelo de financiación autonómica pactado por Sánchez y Junqueras de manera bilateral y que concede a Castilla y León un 1,29 % de recursos adicionales cuando nuestra Comunidad comprende el 20 % del territorio nacional y el 5 % de la población, con todo lo que eso supone”. Del mismo modo, Sánchez Mesón reprocha a los socialistas que “se mantengan callados igualmente sobre el carpetazo que el Gobierno de España ha dado al proyecto de unir la capital abulense con la A-6 por autovía y lo haya sustituido por una carretera convencional 2+1”.

Asimismo, el portavoz del PP recuerda que “en los últimos años, las entidades locales han asumido un volumen creciente de competencias y responsabilidades, muchas de ellas de carácter impropio, sin que ello haya venido acompañado de una financiación suficiente, estable y previsible” y recalca que “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados, la rigidez de las reglas fiscales y la falta de certidumbre normativa están dificultando gravemente la planificación económica y presupuestaria de los ayuntamientos, lo que limita su capacidad de inversión y condiciona la calidad de los servicios que prestan a los vecinos”.

El Grupo Provincial del PP apunta también en su moción a “la forma en que el Gobierno está abordando la reforma del sistema de financiación que, lejos de impulsar un debate multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, ha optado por negociaciones bilaterales con partidos separatistas y por tratar cuestiones estratégicas para el conjunto del Estado con interlocutores prófugos de la Justicia española, como es el caso de Carles Puigdemont”. A juicio de Sánchez Mesón, “este modo de proceder no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que proyecta la idea de que la financiación pública puede convertirse en moneda de cambio política, lo que genera incertidumbre y desigualdad entre territorios que cumplen lealmente con el marco constitucional”.