Con el foco puesto en el cambio del artículo 49 de la Constitución, que afecta a las personas con discapacidad, y en los destrozos económicos que la desbocada inflación está teniendo en los hogares abulenses, la nueva vicesecretaria de Política Social del PP de Ávila, Alicia García, ha mantenido el primer encuentro -presencial y telemático- con los secretarios ejecutivos de su área.

García cifra en “aproximadamente un 24 % el poder adquisitivo que los abulenses han perdido desde que Sánchez está en La Moncloa” y en “100.000 millones de euros la reducción de los ahorros de los españoles por efecto de la inflación”. Este panorama, indica la también diputada nacional abulense, muestra “un Gobierno desbordado, incapaz de dar soluciones a los problemas de los abulenses, que no se deja ayudar y que solo busca fórmulas para mantenerse unos meses más en el poder con el giro de Sánchez al populismo que no gobierna pensando en la clase media, las familias ni los autónomos, ni en dar solución real a la crisis económica y social”.

En este sentido, Alicia García señala “la voracidad fiscal del Gobierno, que no se conforma con haber recaudado más de 15.000 millones de euros más en lo que va de año a causa de la inflación, y prefiere seguir asfixiando los bolsillos de los españoles con 24 subidas de impuestos en cuatro años y aún más en preparación, porque nos preocupa que el aumento de los impuestos a la banca, a las energéticas y a los supermercados lo acaben pagando las familias”.

Por todo ello, la vicesecretaria de Política Social incide en que “frente a este Gobierno está la alternativa del PP y nuestro compromiso con las familias con rentas medias y bajas, por lo que hemos solicitado reiteradamente al Gobierno, deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos y establecer un nuevo mínimo personal y familiar, específico y con carácter temporal, que decrezca conforme aumenten las rentas del ciudadano”. Asimismo, el PP ha solicitado un Plan contra el desempleo femenino y políticas efectivas contra la pobreza infantil, y políticas sociales eficaces contra la pobreza y la exclusión “con programas basados en el empleo, la formación y la bajada de impuestos”, además de una “reducción del gasto público improductivo que disminuya el número de altos cargos y asesores, pues ante la situación que atraviesan las rentas medias y bajas y los autónomos el Ejecutivo tiene que dar ejemplo”.

Artículo 49

Por otro lado, en la reunión de la Vicesecretaría se trató la propuesta de resolución presentada por el PP en el Debate del estado de la Nación en la que se instaba al Gobierno a reunirse en este mes de julio con los representantes de las personas con discapacidad y con las principales fuerzas políticas para consensuar el texto de reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’, una demanda mayoritaria del colectivo.

“Pedimos que dicha modificación sea exclusivamente para dicho punto de la Carta Magna y que se atienda a los criterios de los órganos constitucionales de consulta como es el Consejo de Estado, pero los partidos en el Gobierno, PSOE y UP, votaron en contra”, relata Alicia García, que considera que el Ejecutivo “quedó retratado ante el tercer sector social de nuestro país”.