La diputada abulense del Partido Popular, Alicia García, ha alertado de la “amenaza” que las nuevas tarifas eléctricas que entraron en vigor el pasado día 1, “junto con la escalada de precios que desde el pasado invierno está experimentando el mercado energético”, suponen “para cientos de familias abulenses vulnerables”.

A raíz de una Proposición No de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso, Alicia García insiste en que “el Gobierno tiene que bajar el coste del recibo de la luz y simplificar la factura para favorecer a los consumidores”. Además, los populares reclaman “la puesta en marcha de una campaña de información que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz”.

La parlamentaria abulense recuerda cómo, en enero de este año, cuando la factura de la luz se disparó, desde el Gobierno se aseguraba que el alza era ‘coyuntural’ por la ola de frío invernal y que el coste de la electricidad bajaría, “pero ya vemos que, en esto, el Gobierno de Sánchez también mentía”, y señala que “Pedro Sánchez y algunos ministros criticaban duramente al anterior presidente del Gobierno cuando el incremento en la factura eléctrica fue de un 4% o 8%, muy lejos del 27% del principio de 2021”.

Con esta nueva iniciativa registrada, el GPP vuelve a instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reducir el impacto negativo de la nueva tarifa eléctrica en los consumidores y los usuarios a través de tres medidas:

1. Bajada del coste del recibo de la luz al suprimir el gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad y traspasar a Presupuestos Generales del Estado algunos de los costes regulados de la tarifa eléctrica, la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares.
2. Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión.
3. Poner en marcha de inmediato una campaña de información a los consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el GPP advierte de que “el Gobierno tiene una responsabilidad directa en más de la mitad del importe de la factura de la luz, pues decisiones suyas son directamente responsables de encarecerla o aligerarla”. Por ello, “es absolutamente inaceptable que el Gobierno sea incapaz de reaccionar cuando hay repuntes del precio de la energía que ponen en riesgo el bienestar de millones de españoles vulnerables”, ya que “la implantación de la nueva tarifa eléctrica se traducirá en que la factura de la luz, que ya es alta, se encarecerá para muchos consumidores”.