La diputada nacional por la provincia de Ávila, Alicia García, es una de las parlamentarias que ha desarrollado y presentado la Proposición no de Ley con la que el Grupo Popular en el Congreso solicita al Gobierno que establezca un protocolo único de actuación para residencias de mayores y centros sociosanitarios en el desconfinamiento.

Asimismo, la PNL de los populares reclama al Gobierno que destine un fondo extraordinario para garantizar a los centros la adquisición de los equipos de protección necesarios, de test PCR, así como material sanitario y equipamiento para la desinfección y prevención para las residencias de mayores, centros de carácter social y centros de día y recursos similares.

Alicia García apunta la necesidad de que se garantice «a todos los residentes y profesionales la realización de las pruebas diagnósticas PCR y de estudios de seroprevalencia con el fin de llevar a cabo el desconfinamiento de las personas mayores con las mayores garantías posibles, sectorizando, habilitando espacios comunes y las zonas privadas de los centros para el uso de los residentes».

Otra de las medidas que propone el Grupo Popular es la de establecer mecanismos para que los centros que no hayan tenido casos de COVID-19, ni en residentes ni en profesionales, puedan tomar medidas de desconfinamiento como puede ser el uso de las zonas anteriormente citadas.

También se plantea planificar y reforzar acciones de formación dirigida a los profesionales de los Servicios Sociales para prepararse ante rebrotes, así como definir las recomendaciones para garantizar que los familiares y amigos de los residentes puedan realizar visitas estableciendo criterios, como puede ser el número de visitas o el tiempo de duración, cumpliendo las medidas higiénico sanitarias que dicten las autoridades sanitarias.

De igual modo, se propone «establecer el procedimiento que permita autorizar las situaciones de nuevos ingresos y el retorno de bajas en los centros, para posibilitar la conciliación de familiares que se incorporan a sus puestos de trabajo; diseñar un protocolo que garantice la sanidad pública a todas las personas mayores, vivan donde vivan, garantizando la derivación sanitaria de residentes a los recursos sanitarios; y posibilitar los medios oportunos para que se pueda realizar el duelo, compartido con los familiares, autorizando el acompañamiento de algún familiar o amigo en el momento de la despedida», explica la diputada abulense.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Grupo Popular señala que «las residencias para personas mayores están siendo foco principal del coronavirus en España», y que el Plan de transición hacia la nueva normalidad no define cómo deben retomar la actividad los centros.

A falta de test generalizados, «ha sido imposible saber hasta ahora el número de víctimas que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.500 residencias en España y, aunque el Gobierno sigue sin facilitar los datos, las personas mayores que han fallecido con COVID-19 o síntomas similares se situarían en más de 16.000 personas», según los datos proporcionados por las comunidades.