García apuesta por la defensa de las Entidades Locales y de sus trabajadores en la Comisión de la FEMP que preside

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Publicado el 14 de mayo de 2020


La Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quedó constituida en la tarde de ayer bajo la presidencia de Carlos García, presidente de la Diputación Provincial de Ávila. García, en nombre de los alcaldes y concejales del PP que forman parte del órgano, expresó «el compromiso de todos con la protección y defensa de los empleados del sector público local».

El presidente de la Comisión, además, ha animado a todos los vocales de esta, que representan a los grupos políticos del PSOE, PP, IU-Unidas Podemos y Navarra+, a convertir este órgano de trabajo de la FEMP en «un foro de debate productivo en el que se dialogue y se consensúen medidas a favor de las Entidades Locales y sus trabajadores».

Carlos García se marca como líneas a seguir durante la legislatura «la transparencia, el consenso, el diálogo y el acuerdo, que deben ser el denominador común de nuestros trabajos».

El primer cometido de la Comisión es crear un documento de propuestas para la adopción de medidas frente a la pandemia de la COVID-19 que será elevado a la Junta de Gobierno de la FEMP para su aprobación. Se ha dado un plazo de 24 horas para consensuarlo. En dicho documento se plantearán cuestiones como la necesidad de fortalecer la autonomía organizativa de las Entidades Locales, buscando criterios de organización que permitan afrontar una gestión responsable de sus recursos humanos en esta situación de crisis. En este punto, el presidente de la Diputación de Ávila ha indicado la necesidad de plantearse la eliminación de medidas relativas a las tasas de reposición de efectivos, siempre teniendo en cuenta los marcos legalmente establecidos para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se reivindicará la necesidad de que las Entidades Locales puedan tener acceso a Equipos de Protección Individuales (EPIS), convenientemente homologados, para sus trabajadores, así como a otros recursos necesarios para la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo de la Administración Local ante la reincorporación al trabajo presencial de sus empleados, especialmente en el caso de los municipios menores de 20.000 y los del ámbito rural.