El Partido Popular defenderá en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de la caza en la que reconoce el valor estratégico de la actividad cinegética, que representa el 0,8 por ciento del PIB regional, genera empleo y fija población en el medio rural, además de contribuir a la conservación sostenible de la biodiversidad por controlar los excesos de poblaciones, según han señalado los procuradores del PP por Ávila Vidal Galicia Jaramillo y José Manuel Fernández Santiago.

Asimismo, Fernández Santiago ha hecho referencia a las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien señaló que prohibiría la caza en España, antes de recordar, frente a esto, y como incluye la PNL, que la actividad cinegética garantiza el estado de conservación de las poblaciones sobre las que se practica, ayuda a combatir las enfermedades de la ganadería y palia los daños producidos por accidentes en carreteras por colisión con la fauna silvestre.

El texto también insta a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para que publique de forma urgente la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco de coordinación del aprovechamiento cinegético, convocando a las comunidades autónomas y a los sectores de referencia, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general.

El Partido Popular también propone establecer un plan de investigación aplicado a la actividad cinegética que contemple las líneas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta actividad.

REMOLACHA

Por su parte, Vidal Galicia ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley que, de manera conjunta, se va a defender en las Cortes regionales para instar a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno a adoptar medidas en relación con el mercado interior del azúcar y analizar la situación con los productores y la industria para abordar una estrategia conjunta.

El objetivo, ha añadido, es que la Unión Europea tome medidas ante esta situación, tras el descenso de 6 euros por tonelada en las plantas de Toro (Zamora), La Bañeza (León) y Miranda de Ebro (Burgos) que va a suponer un «perjuicio muy fuerte» para los productores de remolacha.