· Recuerda que, al ser preguntado en la Junta de Gobierno y el Pleno, se limitó a dar respuestas “vagas e imprecisas, sin ser capaz de decirnos qué pasos estaba siguiendo para evitar que Ávila se quedase, total o parcialmente, sin la inyección económica de las pruebas”. · “Ahora se rasga las vestiduras y arremete contra los demás como si él no pudiera hacer nada, pero si hace cuatro meses se hubiera puesto realmente manos a la obra cuando había tiempo, haciendo con el Ministerio una buena selección de instalaciones, fechas y aforos, quizás Ávila hubiera recibido a todos o al mayor número posible de opositores”.
· Recuerda que Alicia García se interesó por las pruebas a través de una pregunta escrita al Gobierno desde el Congreso; así como las reiteradas ocasiones en que, desde junio, el Grupo Municipal Popular ha instado al alcalde “a trabajar de manera concienzuda, real y propositiva para que las pruebas se quedaran aquí”. · Espera “el compromiso del Gobierno para que, una vez pase la pandemia, todas las pruebas físicas de acceso a la Policía Nacional vuelvan a realizarse en Ávila”.
· Tenía 88 años y ejercía como primer edil desde las primeras Elecciones Municipales, celebradas 1979. · Durante sus 41 años de gestión al frente del Consistorio, logró llevar el agua corriente a todas las viviendas del pueblo, el asfaltado de calles y la construcción del polideportivo.
· Sánchez-Reyes: “No es lógico subir esta cantidad en este concepto en este momento de crisis, sin haber hablado antes con los representantes del sector”. · Los populares sugieren destinar ese dinero extra a bonificaciones tributarias municipales, ayudas directas y una campaña de bonos para incentivar el consumo y dinamizar así la economía local.
“Se trata de cubrir el déficit generado por este servicio público que durante la crisis de la COVID-19 ha llegado a registrar caídas de uso superiores al 90%”, explica el senador abulense. “Hay miembros de este Gobierno que se presentaron a las elecciones prometiendo la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y, sin embargo, la factura la estamos pagando las administraciones locales”, recuerda Martín.