La situación de parálisis del Plan Cogotas -cuyo convenio para abastecer de agua a la capital abulense desde el embalse de ese nombre se firmó el pasado 1 de marzo entre el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ávila- revela «falta de interés y dejadez del Gobierno socialista en relación a un problema importante para Ávila y los abulenses, y que en el Partido Popular consideramos que debe ser prioritario entre las acciones del Gobierno, aunque esté en funciones». Así califica Alicia García las circunstancias que rodean a la puesta en marcha del convenio que, tras contar con un plazo de finalización de obras para 2021, ahora, tras la reunión celebrada el pasado día 17, se amplía dos años más.

         La diputada por Ávila explica la «sorpresa mayúscula que nos ha causado este retraso hasta 2023 y, además, la solicitud del Ministerio de Transición Ecológica de un informe ambiental para el proyecto que no se contemplaba como necesario en el convenio».  García cita textualmente el acuerdo, «en el que se recoge que ACUAES ha recibido del Ministerio certificado de no necesidad de sometimiento a trámite ambiental». La diputada abulense se pregunta «¿qué ha cambiado entre el 1 de marzo y el 17 de julio? La normativa es la misma. ¿Es un criterio técnico?, ¿es un criterio político para dilatar un proyecto de emergencia para Ávila?» y señala al comunicado conjunto del Ministerio y de ACUAES del pasado miércoles donde se dice que «las obras se desarrollan en el espacio protegido Red Natura 2000, lo que hace necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado con carácter previo a su aprobación? ¿No sabía el Gobierno cuando firmó el convenio certificando que no había necesidad de informe ambiental que el proyecto pasaba por un espacio de la Red Natura 2000?».

         Para senador Juan Pablo Martín, lo que» ha cambiado en estos cuatro meses y medio es la situación de sequía extrema que padece la capital abulense, y que justificaría la adopción de determinadas decisiones que dependen exclusivamente de la voluntad política». El también secretario general del PP de Ávila apunta que no se pueden esgrimir «decisiones técnicas a la hora de considerar qué es de emergencia, de interés público». Y ha pedido «que alguien salga ante los abulenses a decirles cuál es la voluntad política del Gobierno y del PSOE de Ávila, porque aquí creo que todos haríamos bien en ponernos en el mismo lugar, así que el PSOE de Ávila tiene que dar un posicionamiento claro y tajante sobre esta cuestión». 

El pasado 9 de julio Alicia García registró en el Congreso una pregunta por escrito al Ejecutivo interesándose por los avances en la puesta en marcha del convenio del Plan Cogotas. Tras no haberse producido encuentro alguno entre las partes firmantes del convenio, el día 17 se reunieron en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, cita de la que salió el anuncio del retraso de las obras hasta 2023.